La Directora Nacional del servicio Priscilla Carrasco, lamentó que Javier Jaramillo sólo haya quedado con la medida cautelar de arraigo.
El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género buscará revocar la medida cautelar de arraigo nacional decretada contra el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo tras ser formalizado por abuso sexual y violación contra dos mujeres, y en su lugar, insistirá para obtener la prisión preventiva.
“El caso contra el alcalde de Victoria no es el único en La Araucanía. Somos querellantes en procesos donde están involucrados otros ediles y donde estamos representando judicialmente a las víctimas”, afirmó la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscilla Carrasco.
Sobre la decisión del tribunal, Carrasco comentó que “Javier Jaramillo, alcalde de Victoria fue formalizado por abuso sexual y violación contra dos mujeres, decretándose la medida cautelar de arraigo nacional, lo que consideramos lamentable pues se trata de hechos graves que involucran a la máxima autoridad de una comuna”.
Según explicó la directora nacional del Servicio, “en este caso, como en todos los de violencia de género, esperamos las máximas sanciones para que este tipo de delitos no se sigan repitiendo y para esto, es fundamental incorporar en los procesos de investigación y judiciales la perspectiva de género”.
Por esta razón, adelantó, que -como SernamEG- “vamos a apelar a la decisión del tribunal y presentaremos a la brevedad el escrito para conseguir la prisión preventiva en contra del alcalde”.
Asimismo, la autoridad se refirió a la decisión del tribunal de declarar prescritos lo delitos de una de las denunciantes. “Apelaremos a la decisión del tribunal de declarar prescritos los delitos de una de las denunciantes, pues comprendemos que los procesos que involucran a una mujer que ha sido víctima de un delito sexual implica mucho tiempo para denunciar”, puntualizó.
Cabe precisar, que a partir del 1 de agosto entrará en vigencia la ley Karin, lo que permitirá desarrollar planes y programas en materia preventiva, pero también sancionar de manera fuerte y categoría aquellos aspectos que tienen que ver con la violencia sexual, el acoso laboral y el maltrato al interior de las instituciones.