La gestión del Ministerio de Transportes en La Araucanía enfrenta crecientes cuestionamientos por denuncias ante Contraloría, pagos pendientes a operadores rurales, críticas por subsidios considerados insuficientes y retrasos en la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Los conflictos afectan a miles de usuarios y mantienen bajo presión a las autoridades regionales.
La gestión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones encabezado por el ministro Louis de Grange y ejecutada en La Araucanía por el seremi Rodrigo Lagos Sagredo enfrenta un complejo escenario marcado por cuestionamientos provenientes de estudiantes, operadores rurales, transportistas forestales y empresas del transporte público urbano.
Durante las últimas semanas se han acumulado una serie de conflictos que han puesto en entredicho la capacidad de respuesta de las autoridades regionales frente a problemas que afectan directamente la conectividad de miles de habitantes de La Araucanía.
Uno de los antecedentes más recientes corresponde al ingreso de denuncias ante la Contraloría General de la República relacionadas con presuntas deficiencias en el control tarifario del transporte rural subsidiado, situación que ha generado preocupación entre operadores y usuarios respecto de los mecanismos de fiscalización implementados por la autoridad.
A este escenario se suma el caso del operador que presta servicios hacia Temucuicui, quien mantiene pagos pendientes desde hace varios meses. La situación ha generado inquietud debido a que el período adeudado se aproxima al tiempo que lleva instalado el gobierno del Presidente José Antonio Kast, abriendo cuestionamientos respecto de la capacidad de gestión para resolver oportunamente compromisos financieros esenciales para la continuidad de servicios en sectores rurales.
Paralelamente, transportistas forestales y operadores rurales han expresado públicamente su malestar por la forma en que se han enfrentado diversos problemas del sector. Algunos dirigentes incluso han señalado que durante la administración anterior existía una coordinación más eficiente para abordar contingencias operativas y administrativas.
Operadores urbanos advierten riesgo para la continuidad del servicio
Sin embargo, los cuestionamientos ya no provienen únicamente del mundo rural.
Operadores del transporte público urbano han advertido que la continuidad del sistema podría verse afectada por el incremento sostenido de los costos operacionales y por la insuficiencia de los subsidios actualmente vigentes. Según han planteado representantes del sector, los recursos entregados por el Estado no reflejan el aumento real experimentado por combustibles, mantenciones, repuestos, seguros y remuneraciones.
La preocupación alcanzó tal nivel que algunos operadores han planteado la posibilidad de suspender servicios o retirar recorridos si no se generan soluciones que permitan mantener el equilibrio financiero del sistema.
De acuerdo con dirigentes del transporte, el seremi Rodrigo Lagos Sagredo habría descartado algunas de las alternativas propuestas argumentando restricciones legales. En respuesta, anunció la búsqueda de un bono o mecanismo extraordinario de apoyo para el sector.
Sin embargo, dicho beneficio aún no se materializa y, según sostienen los propios operadores, los montos conocidos hasta ahora no compensarían el aumento efectivo de los costos, manteniendo la incertidumbre respecto de la continuidad futura de parte de los servicios.
Cerca de 3 mil estudiantes aún esperan su Tarjeta Nacional Estudiantil
Como si lo anterior no fuera suficiente, una nueva controversia afecta ahora a miles de estudiantes de La Araucanía.
A pocas horas de la entrada en vigencia de las exigencias para el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil correspondiente al año 2026, cerca de 3.000 estudiantes aún no cuentan con su TNE, situación que podría obligarlos a pagar tarifa adulta para trasladarse a sus establecimientos educacionales o centros de educación superior.
El problema se vuelve aún más complejo en zonas rurales. Diversos operadores han informado que no reconocerán tarjetas correspondientes a años anteriores ni pases revalidados mediante sellos, exigiendo documentación vigente para acceder a la tarifa rebajada.
En la práctica, miles de estudiantes podrían enfrentar mayores costos de transporte debido a retrasos administrativos ajenos a ellos y a sus familias.
Las denuncias ingresadas a Contraloría por falta de control tarifario, los pagos pendientes a operadores rurales, el malestar expresado por transportistas forestales, la incertidumbre de operadores urbanos frente a subsidios considerados insuficientes y la situación que afecta a cerca de 3.000 estudiantes sin TNE configuran uno de los momentos más complejos para la gestión regional del Ministerio de Transportes desde el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Mientras las controversias se acumulan, usuarios, estudiantes y operadores continúan esperando respuestas concretas frente a problemas que impactan diariamente la movilidad y conectividad de la región.