El parlamentario advirtió que la iniciativa debe resguardar los derechos de las víctimas y la seguridad pública, proponiendo excluir a condenados por violación, homicidio y crímenes de lesa humanidad.
El senador Ricardo Celis manifestó su preocupación por el avance del proyecto de ley que busca establecer modalidades de cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, iniciativa que actualmente se debate en el Congreso y que podría beneficiar a personas privadas de libertad con enfermedades graves o terminales.
El parlamentario sostuvo que se trata de una discusión extremadamente sensible, en la que el Estado debe actuar con un enfoque humanitario, pero sin descuidar el respeto por las víctimas, la seguridad de la comunidad y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
“Las decisiones sobre beneficios o conmutaciones de penas deben tomarse con mucha responsabilidad cuando hablamos de personas privadas de libertad con enfermedades graves o terminales. Existe una dimensión humanitaria que el Estado debe considerar, pero al mismo tiempo siempre deben resguardarse los derechos de las víctimas y la seguridad de la comunidad”, señaló.
Debate genera preocupación por su alcance
Durante la discusión pública del proyecto se han difundido cifras que dan cuenta del potencial alcance de la iniciativa.
Según antecedentes mencionados en el debate legislativo, el universo de personas que podrían verse alcanzadas por esta normativa superaría las 12 mil, e incluso algunos registros periodísticos lo acercan a casi 13 mil casos.
Entre las personas privadas de libertad mayores de 70 años, se han reportado 738 condenados, distribuidos en delitos de alta gravedad:
- 365 por crímenes de lesa humanidad
- 195 por abusos sexuales
- 143 por violación
- 40 por homicidio
- 5 por parricidio
Para el senador Celis, estas cifras demuestran que la discusión no puede tratarse como un asunto marginal.
“Hoy muchas personas sienten preocupación, impotencia e incluso rabia frente a este proyecto, y esa reacción es legítima. No estamos hablando de casos aislados, sino de cifras demasiado delicadas como para legislar con ambigüedad y sin establecer límites claros”, afirmó.
Advertencia sobre impacto en la justicia
El legislador también advirtió que una normativa de esta naturaleza podría debilitar el sentido práctico de las sanciones penales más severas si se amplían excesivamente las posibilidades de sustituir el cumplimiento efectivo de condenas.
En ese contexto, recordó que en Chile el presidio perpetuo permite postular a la libertad condicional tras 20 años de cumplimiento efectivo, mientras que el presidio perpetuo calificado exige 40 años de privación de libertad antes de acceder a ese beneficio.
“Cuando el sistema comienza a abrir vías amplias para sustituir el cumplimiento efectivo de condenas tan graves, la señal que se transmite es muy delicada. La ciudadanía se pregunta con razón qué sentido tienen entonces las penas más altas si incluso ellas podrían perder su efecto práctico”, advirtió.
Cuestionamientos sobre el origen de la iniciativa
El senador también señaló que durante el debate han surgido antecedentes periodísticos que obligan a revisar con mayor detalle la génesis del proyecto, lo que a su juicio requiere un análisis responsable y riguroso por parte del Congreso.
Si bien sostuvo que dichos antecedentes deben ser evaluados con cautela, indicó que igualmente abren interrogantes sobre la inspiración inicial de la iniciativa y los posibles beneficiarios que se buscaba considerar desde su origen.
Posible impacto en el sistema social
Otro de los puntos planteados por el parlamentario dice relación con el eventual traslado de responsabilidades desde el sistema penitenciario hacia la comunidad.
Según explicó, cuando personas privadas de libertad salen de los recintos penales comienzan a demandar atención de salud, apoyo social y prestaciones municipales, lo que podría generar nuevas presiones sobre servicios públicos que ya operan con recursos limitados.
“Chile no puede improvisar en una materia tan sensible. No corresponde aliviar la carga del sistema penitenciario para después trasladar ese costo social, sanitario y municipal a la comunidad”, sostuvo.
Anuncia indicaciones para limitar el alcance del proyecto
En ese contexto, el senador Ricardo Celis anunció que trabajará en la presentación de indicaciones legislativas durante la discusión particular del proyecto con el objetivo de establecer límites claros.
Entre las propuestas que buscará incorporar se encuentra excluir de estos beneficios a personas condenadas por delitos de especial gravedad, entre ellos:
- violaciones a los derechos humanos
- delitos sexuales agravados
- secuestro
- homicidio
- otras conductas consideradas especialmente graves
“Mi convicción es clara: este tipo de beneficios no puede aplicarse a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, delitos sexuales agravados, secuestro u homicidio. Chile necesita humanidad, sí, pero jamás a costa de la justicia, de las víctimas ni de la seguridad de la comunidad”, concluyó.