Empresarios formalizados por fraude de subvenciones en una arista del caso Fundaciones del Gobierno Regional de La Araucanía quedaron en libertad con arraigo nacional. Mientras la Fiscalía sostiene que proyectos financiados con recursos públicos no se ejecutaron, los imputados aseguran que las obras sí fueron realizadas y rendidas correctamente.
Dos empresarios fueron formalizados por el delito de fraude de subvenciones en una de las aristas investigativas del denominado caso Fundaciones del Gobierno Regional de La Araucanía, causa que indaga el eventual uso irregular de recursos públicos destinados a proyectos financiados mediante la Agencia de Desarrollo Regional.
Se trata del empresario Alejandro Martini, su esposa María Ignacia Ovalle y Karam Puali, quienes fueron imputados por la Fiscalía por presunta apropiación indebida de recursos fiscales asociados a iniciativas financiadas con fondos regionales.
Tras la audiencia realizada en el Tribunal de Garantía, los imputados quedaron en libertad, aunque sujetos a las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, quedando además prohibidos de salir del país mientras se desarrolla la investigación.
Fiscalía acusa proyectos no ejecutados
El fiscal César Schibar explicó que la formalización se basa en antecedentes que apuntan a la existencia de fraude de subvenciones y uso malicioso de instrumento privado.
Según expuso el Ministerio Público, los hechos investigados corresponden a tres proyectos financiados con aproximadamente 50 millones de pesos cada uno, recursos que habrían sido asignados durante la administración del entonces gobernador regional Luciano Rivas.
De acuerdo con la Fiscalía, las iniciativas financiadas no se habrían ejecutado materialmente pese a que se presentaron documentos que acreditaban su realización. Entre los proyectos cuestionados figuran la construcción de una cancha de salto con galerías, un galpón y una terraza asociada a un local comercial.
El Ministerio Público sostiene que los recursos habrían sido utilizados de manera irregular, configurando un eventual fraude contra el Gobierno Regional.
Defensa sostiene que las obras sí existen
La defensa de los imputados rechazó las acusaciones y aseguró que los proyectos fueron correctamente adjudicados y ejecutados conforme a lo comprometido.
El abogado defensor José Martínez, representante de Martini y Puali, afirmó que no existe delito alguno, ya que las obras se realizaron y fueron rendidas de acuerdo con los procedimientos exigidos.
“Nosotros señalamos que los proyectos fueron adjudicados correctamente y ejecutados. También sostenemos que los contratos son reales y verdaderos, y las obras fueron ejecutadas y rendidas correctamente”, indicó el jurista tras la audiencia.
Los empresarios mantienen actividades comerciales en la zona lacustre de La Araucanía. Según los antecedentes conocidos, Alejandro Martini era militante activo del Partido Republicano al momento de adjudicarse los fondos, llegando incluso a desempeñarse como presidente regional de dicha colectividad política.
Por su parte, Karam Puali mantiene vínculos familiares con el exsenador del PPD Eugenio Tuma, al estar casado con una de sus hijas.
Investigación tendrá plazo de cinco meses
El Tribunal de Garantía fijó un plazo de cinco meses para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual la Fiscalía deberá reunir nuevos antecedentes que permitan esclarecer la eventual existencia de delitos asociados al uso de recursos públicos.
Esta arista se suma a otras diligencias en curso vinculadas al denominado caso Fundaciones en La Araucanía, investigación que ha puesto bajo revisión distintos mecanismos de asignación y control de subvenciones regionales.
Mientras el Ministerio Público sostiene la tesis de un fraude en la ejecución de los proyectos, la defensa insiste en que las obras existen y que podrán acreditarlo durante el proceso judicial.