Un informe de Contraloría reveló derivaciones de pacientes oncológicos a un centro privado vinculado a médicos del Hospital Hernán Henríquez Aravena, además de graves fallas de control interno.
Una auditoría de la Contraloría General de la República de Chile reveló un conjunto de irregularidades al interior del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, incluyendo la derivación de pacientes oncológicos hacia un centro privado perteneciente a médicos funcionarios del propio recinto, accesos indebidos a fichas clínicas y graves deficiencias en los mecanismos de control interno.
El Informe Final N°887/2025, emitido por la Contraloría Regional de La Araucanía, advierte eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa y el posible uso de cargos públicos para favorecer intereses particulares.
Médicos derivaban pacientes a centro del cual eran propietarios
Según el organismo fiscalizador, dos médicos oncólogos —padre e hijo— que integraban el Comité Oncológico del hospital derivaron pacientes hacia un centro de investigación clínica privado del cual eran propietarios.
La auditoría establece que la información utilizada para esas derivaciones habría sido obtenida en el ejercicio de funciones públicas, lo que abre cuestionamientos sobre conflictos de interés y uso indebido de datos sensibles.
El informe señala que dichas actuaciones no se ajustaron a la normativa vigente y pudieron generar ventajas indebidas para una entidad privada vinculada directamente a funcionarios del sistema público de salud.
Permanencia irregular en el Comité Oncológico
La investigación también detectó que ambos profesionales continuaron participando en sesiones del Comité Oncológico incluso después de haber dejado formalmente sus funciones en noviembre de 2023.
Para Contraloría, esta situación refleja debilidades en la supervisión institucional y falta de control sobre instancias clínicas que toman decisiones relevantes respecto del tratamiento de pacientes con cáncer.
Accesos indebidos a fichas clínicas y manejo de biopsias
Uno de los puntos más sensibles del informe corresponde al acceso irregular a fichas clínicas digitales.
El ente contralor constató que los médicos involucrados, junto a personas vinculadas al centro privado, accedieron a antecedentes médicos de pacientes sin ser tratantes directos.
Entre las situaciones observadas se incluyen:
- Solicitudes y retiros de biopsias realizados por facultativos sin responsabilidad clínica sobre los pacientes.
- Retiro de muestras médicas por personal externo al hospital.
- Incorporación de informes médicos provenientes del centro privado en fichas clínicas institucionales.
- Ausencia de consentimientos informados en casos asociados a posibles ensayos clínicos.
Cuenta activa durante tres años tras dejar el cargo
La auditoría también identificó que una exfuncionaria mantuvo habilitada su cuenta de acceso al sistema clínico hasta agosto de 2024, pese a haber cesado sus funciones en abril de 2021.
Esa situación permitió el acceso a registros médicos de 765 pacientes, exponiendo información altamente sensible.
Además, el análisis evidenció que 570 de los 1.555 usuarios que accedieron a fichas clínicas revisadas no mantenían vínculo laboral con la Administración del Estado, según datos del sistema SIAPER.
Fallas estructurales de control interno
Contraloría concluyó que el hospital carecía de procedimientos claros para regular investigaciones médicas o estudios clínicos realizados fuera del establecimiento.
Entre las principales debilidades detectadas figuran:
- Falta de supervisión efectiva del Comité Oncológico.
- Deficiencias en el resguardo de información clínica.
- Ausencia de control sobre solicitudes y retiros de biopsias.
- Problemas en la gestión y supervisión del personal.
Para el organismo fiscalizador, estos factores generaron condiciones que habrían facilitado el eventual uso de posiciones de influencia dentro del hospital para beneficiar intereses privados.
Antecedentes fueron enviados al Ministerio Público
La Contraloría confirmó que el hospital ya había instruido un sumario administrativo en 2021, actualmente en etapa de descargos, y ordenó incorporar los nuevos antecedentes detectados por la auditoría.
Asimismo, remitió la información al Ministerio Público de Chile, con el objetivo de evaluar posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos.
El caso abre un nuevo foco de cuestionamientos sobre los mecanismos de control en el principal centro asistencial de alta complejidad de La Araucanía y sobre la protección de datos clínicos de pacientes del sistema público de salud.