“Una burla para el pueblo mapuche”. Con esas palabras, el lonco Alberto Curamil reaccionó a la condena con beneficios otorgada a tres carabineros acusados de apremios ilegítimos en La Araucanía. El fallo reabrió el debate sobre discriminación, violencia policial y el rol del Poder Judicial en causas que involucran a comunidades mapuche. Tremendo combo al mentón institucional.
El dirigente mapuche criticó que tres funcionarios condenados por apremios ilegítimos en Perquenco cumplan la pena en libertad y acusó discriminación del Poder Judicial.
El lonco Alberto Curamil calificó como “insignificante y racista” la sentencia dictada por el Tribunal Oral de Temuco contra tres funcionarios de Carabineros condenados por apremios ilegítimos cometidos durante su detención en Perquenco en abril de 2021.
El tribunal condenó a un capitán, un sargento y un cabo de Carabineros a 541 días de presidio por los hechos ocurridos tras una manifestación en un camino rural. Sin embargo, los funcionarios cumplirán la pena bajo el beneficio de remisión condicional, lo que implica firma periódica ante Gendarmería y libertad vigilada.
Curamil acusa discriminación y “burla” contra el pueblo mapuche
Tras conocer el fallo, Curamil cuestionó duramente la resolución judicial y aseguró que la condena no representa la gravedad de los hechos denunciados.
“Es una condena insignificante para lo que enfrentamos. Más bien es una burla para el pueblo mapuche”, afirmó el lonco del Lof Radalco de Curacautín.
Además, sostuvo que el caso refleja “el racismo del Poder Judicial” y denunció discriminación contra el pueblo mapuche.
Durante el procedimiento policial, funcionarios de Carabineros dispararon perdigones y gases lacrimógenos mientras realizaban la detención del dirigente mapuche en un sector rural de Perquenco.
Tribunal absolvió a otros dos funcionarios policiales
El líder mapuche también lamentó que otros dos carabineros acusados en la causa quedaran absueltos por el tribunal.
A ello se suma que los cinco funcionarios enfrentaban cargos por obstrucción a la investigación, luego de ser acusados de adulterar documentación relacionada con el procedimiento policial. Sin embargo, el tribunal también los absolvió de ese delito.
La Fiscalía había solicitado penas de cuatro años de presidio para los uniformados involucrados.
Pese al beneficio otorgado, los tres condenados quedaron inhabilitados para ejercer cargos u oficios públicos durante el tiempo que dure la condena.