La designación del exdiputado para representar a Chile en el Reino Unido vuelve a poner bajo la lupa millonarios proyectos financiados con recursos del Gobierno Regional de La Araucanía. Aunque no ha sido formalizado y niega cualquier irregularidad, antecedentes fueron remitidos por el Gobierno Regional al Ministerio Público tras detectarse observaciones en las rendiciones.
El nombramiento de Diego Paulsen como embajador de Chile en el Reino Unido reactivó el debate político sobre los estándares de probidad que deben exigirse a quienes representan al Estado en el extranjero.
La controversia surge porque el exdiputado de Renovación Nacional aparece vinculado a una de las aristas del denominado Caso Convenios en la Región de La Araucanía, investigación que continúa siendo analizada por el Ministerio Público.
Según una investigación periodística de Radio Biobío, sociedades relacionadas con Paulsen, su esposa y otros integrantes de su entorno familiar recibieron cerca de 204 millones de pesos mediante programas de reactivación económica financiados con recursos del Gobierno Regional de La Araucanía.
Observaciones fueron enviadas a la Fiscalía
Con el cambio de administración regional, encabezada por el gobernador René Saffirio, se revisaron diversas iniciativas financiadas con recursos públicos.
Como resultado de ese proceso, el Gobierno Regional informó que una parte importante de las rendiciones presentó observaciones administrativas, antecedentes que posteriormente fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación.
Entre las observaciones se mencionan operaciones entre sociedades relacionadas y documentación que habría sido considerada insuficiente para respaldar parte de los gastos rendidos.
Hasta ahora, esas observaciones forman parte de una investigación en desarrollo y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal.
Paulsen descarta irregularidades
El exparlamentario ha rechazado cualquier actuación ilegal.
Su versión sostiene que los proyectos fueron ejecutados conforme a lo comprometido, que toda la documentación fue entregada oportunamente y que las observaciones corresponden a aspectos administrativos que deberán resolverse durante el proceso investigativo.
Hasta la fecha, Diego Paulsen no ha sido formalizado ni existe una sentencia judicial que establezca responsabilidades penales en su contra.
Un nombramiento que instala un debate político
Pese a su situación procesal, el nombramiento vuelve a instalar una discusión que trasciende el ámbito judicial.
Diversos sectores plantean que quienes ejercen funciones diplomáticas deberían cumplir estándares de probidad especialmente exigentes, debido a que representan oficialmente al Estado de Chile ante gobiernos extranjeros.
Otros sostienen que impedir el acceso a cargos públicos por la sola existencia de investigaciones abiertas vulneraría el principio de presunción de inocencia, especialmente cuando no existe formalización ni condena.
Mientras la Fiscalía mantiene abiertas distintas aristas del Caso Convenios, la designación de Paulsen vuelve a instalar en la agenda pública la discusión sobre el equilibrio entre responsabilidad política, confianza ciudadana y presunción de inocencia.