Tras años de investigación, la justicia puso fin a la causa contra el fiscal Luis Arroyo. El Tribunal de Garantía de Temuco rechazó reabrir la indagatoria y acogió la decisión de la Fiscalía del Maule de no perseverar, cerrando definitivamente uno de los procesos derivados de la controvertida Operación Huracán.
La justicia puso término a la investigación contra el fiscal Luis Arroyo, quien era indagado por el presunto delito de obstrucción a la investigación en el marco del juicio por la Operación Huracán.
Durante una audiencia realizada en el Tribunal de Garantía de Temuco, la jueza Caroline Guzmán rechazó la solicitud presentada por los querellantes para reabrir la investigación y acogió la decisión de no perseverar presentada por el fiscal regional del Maule, Patricio Caroca.
Fiscalía concluyó que no existía delito
Tras varios años de diligencias, la Fiscalía del Maule concluyó que los hechos atribuidos a Luis Arroyo no constituían delito.
El fiscal Patricio Caroca explicó que el tribunal rechazó la petición de reapertura de la causa, lo que permitió formalizar la decisión de no perseverar y dar por finalizada la investigación.
«Luego de varios años de investigación, la Fiscalía del Maule llegó a la conclusión de que los hechos atribuidos al señor Arroyo no eran constitutivos de delito», señaló la autoridad.
Investigación se inició tras querella
La causa se originó luego de una querella presentada por dos de los acusados en la Operación Huracán, quienes atribuyeron responsabilidad al persecutor en el desarrollo de la investigación.
Con la resolución dictada por el Tribunal de Garantía de Temuco, la indagatoria queda definitivamente cerrada, sin que se continúen realizando nuevas diligencias en contra del fiscal.
¿Qué fue la Operación Huracán?
La Operación Huracán corresponde a una de las investigaciones más controvertidas de la última década en Chile. El caso se centra en un presunto montaje realizado por funcionarios de Carabineros para incriminar a dirigentes mapuches mediante pruebas que posteriormente fueron cuestionadas por la justicia.
El caso derivó en diversas investigaciones penales y administrativas, convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con la Macrozona Sur.