Contraloría detectó siete sectores con extracciones sin autorización en el río Cautín y ordenó clausuras, cobros y acciones judiciales. Años después, nuevas denuncias ambientales reabren una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente la extracción de áridos en Lautaro?
La extracción de áridos en el río Cautín vuelve a quedar bajo la lupa en Lautaro.
Denuncias ciudadanas, antecedentes ingresados ante organismos públicos y observaciones realizadas por la Contraloría Regional de La Araucanía han instalado, durante los últimos años, una preocupación persistente: la capacidad del municipio para fiscalizar un negocio que tiene impacto directo sobre el cauce del río, sus riberas y el entorno ambiental.
No existe, hasta ahora, evidencia pública suficiente para afirmar como hecho la existencia de una organización criminal dedicada a la extracción de áridos. Tampoco existen antecedentes que permitan sostener que todas las plantas o faenas de Lautaro operen al margen de la ley.
Pero los documentos oficiales sí revelan otra realidad. Extracciones detectadas sin autorización, deficiencias en los mecanismos de control, ausencia de procedimientos formales y nuevas denuncias que, años después, vuelven a apuntar al mismo problema.
La pregunta, entonces, ya no es solo quién extrae áridos del río Cautín. También es quién controla que aquello se haga dentro de la ley.
Siete sectores intervenidos sin autorización
Uno de los antecedentes más relevantes se encuentra en el Informe Final N° 589, de 2021, de la Contraloría Regional de La Araucanía.
La auditoría tuvo como objetivo revisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los permisos para la extracción de áridos en el río Cautín, sus riberas y terrenos colindantes, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.
La revisión también buscó determinar qué acciones había adoptado la Municipalidad de Lautaro para prevenir y detectar eventuales extracciones sin autorización. El resultado fue contundente.
La Contraloría constató la existencia de siete sectores donde se apreciaba extracción reciente de áridos sin la correspondiente autorización municipal, entre los años 2017 y 2021.
Según el organismo fiscalizador, las intervenciones afectaban una superficie total de, al menos, 140.079 metros cuadrados.
Ante esta situación, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Lautaro realizar las respectivas clausuras de los pozos ilegales y determinar los volúmenes extraídos en los sectores observados.
El objetivo era iniciar las acciones administrativas y judiciales que correspondieran para perseguir los cobros respectivos. La pregunta que surge ahora es inevitable:
¿Se realizaron efectivamente las clausuras? ¿Se determinaron los volúmenes extraídos? ¿Se iniciaron acciones administrativas o judiciales? ¿Hubo recuperación de recursos para el municipio?
Son antecedentes cuya respuesta resulta clave para determinar qué ocurrió después de las observaciones formuladas por el órgano contralor.
Sin manuales, sin metodologías y sin equipos técnicos
El informe de Contraloría no solo detectó extracciones sin autorización. También identificó graves debilidades en los mecanismos de fiscalización de la Municipalidad de Lautaro.
El organismo verificó que el municipio no contaba con manuales, metodologías ni procedimientos formales que establecieran cómo vigilar en terreno las faenas autorizadas o cómo detectar aquellas que operaban sin permiso.
Tampoco existían criterios formales que orientaran a la Comisión Municipal al momento de evaluar las solicitudes para extraer áridos. A ello se sumaba otro problema.
La municipalidad no utilizaba equipos topográficos ni otro tipo de equipamiento técnico que permitiera comprobar si la cantidad de material extraído coincidía efectivamente con los volúmenes autorizados.
En otras palabras, según lo observado por Contraloría, el municipio enfrentaba la fiscalización de una actividad extractiva sin contar con herramientas técnicas suficientes para verificar cuánto material estaba saliendo realmente desde los sectores autorizados.
El informe también constató la inexistencia de procedimientos formales para controlar que faenas autorizadas en terrenos particulares colindantes con bienes nacionales de uso público no sobrepasaran sus límites e ingresaran, eventualmente, al cauce del río Cautín.
La fiscalización ambiental también presentaba vacíos. Contraloría verificó que el municipio no disponía de metodologías orientadas a detectar la eventual existencia de bosque nativo en las áreas intervenidas.
Tampoco contaba con un procedimiento formal que regulara el abandono de las faenas una vez terminado el período autorizado para la extracción. Ante este escenario, el organismo fiscalizador ordenó elaborar, aprobar e implementar mecanismos destinados a corregir estas deficiencias.
Una ordenanza que quedó atrás
El Informe N° 589 también puso bajo cuestionamiento la normativa utilizada por el municipio para regular la extracción de áridos. La Ordenanza de Permisos y Concesiones para la Extracción de Áridos del Río Cautín de la Municipalidad de Lautaro databa de 2006.
Sin embargo, la Contraloría advirtió que esta regulación no incorporaba disposiciones posteriores, entre ellas el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y lineamientos técnicos elaborados por la Dirección de Obras Hidráulicas.
La ordenanza tampoco hacía referencia a determinados proyectos que debían someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Frente a estas observaciones, Contraloría ordenó al municipio actualizar la normativa comunal y acreditar las gestiones realizadas. La existencia de una regulación desactualizada abre otro flanco de investigación.
¿Cuándo fue actualizada la ordenanza? ¿Bajo qué normativa se otorgaron los permisos posteriores? ¿Qué cambios concretos se implementaron después de las observaciones de Contraloría?
Las denuncias no desaparecieron
Pese a que el informe de Contraloría fue emitido en 2021, las alertas sobre la extracción de áridos continuaron apareciendo. En noviembre de 2024 quedó registrada, a través de la Ley del Lobby, una audiencia ante la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente denominada: “Denunciar planta de extracción de áridos que funcionan sin permiso en Lautaro”.
En dicha presentación se expusieron denuncias relacionadas con la extracción masiva de material desde el río Cautín. Entre las afectaciones advertidas se mencionaron posibles pérdidas de estabilidad del lecho y procesos de erosión en las riberas. El antecedente resulta relevante porque demuestra que, años después de las observaciones realizadas por Contraloría, el problema seguía siendo objeto de preocupación por parte de organizaciones y actores ambientales.
Y durante 2026, las alertas volvieron a surgir. El 16 de agosto se conocieron antecedentes obtenidos mediante solicitudes de transparencia, según los cuales la Municipalidad de Lautaro no registraría una respuesta escrita a solicitudes realizadas por la ONG Madre para avanzar en la protección del río Cautín como humedal urbano.
De acuerdo con los antecedentes publicados, estas solicitudes tampoco habrían sido derivadas a las unidades municipales correspondientes, entre ellas Medio Ambiente y la Dirección de Obras Municipales. Entre las amenazas ambientales planteadas vuelve a aparecer un concepto que se repite durante años en torno al río Cautín: la extracción de áridos.
El negocio bajo la lupa
Hablar de una “mafia del árido” supone la existencia de una estructura organizada y criminal. Hasta ahora, no existen antecedentes públicos suficientes para sostener esa afirmación como un hecho.
Tampoco se puede afirmar, sin investigaciones y resoluciones que lo acrediten, que funcionarios municipales hayan protegido actividades irregulares o que todas las faenas existentes en Lautaro operen fuera de la legalidad.
Pero la documentación disponible sí permite establecer hechos que requieren respuestas. Contraloría detectó siete sectores con extracción reciente sin autorización municipal. El organismo fiscalizador constató debilidades en los mecanismos de control. También ordenó clausuras, determinación de volúmenes extraídos y acciones administrativas y judiciales para perseguir eventuales cobros.
Además, exigió corregir procedimientos internos y actualizar una ordenanza que no incorporaba normativa posterior. Y, años después, organizaciones ambientales continúan denunciando riesgos asociados a la extracción de áridos en el río Cautín. Entonces, la pregunta de fondo no apunta todavía a una “mafia”. Apunta a la fiscalización.
¿Qué ocurrió con las medidas ordenadas por Contraloría en 2021?
¿Fueron clausurados los pozos ilegales detectados?
¿Se determinaron los volúmenes extraídos y se cobraron los recursos correspondientes?
¿Qué acciones judiciales o administrativas se iniciaron?
¿La Municipalidad de Lautaro implementó finalmente los mecanismos de fiscalización exigidos?
¿Cuántas faenas cuentan actualmente con autorización vigente y cuántas han sido fiscalizadas durante los últimos años?
Después de años de denuncias, observaciones de Contraloría y nuevas alertas ambientales, el río Cautín vuelve a instalar una pregunta incómoda en Lautaro.
¿Quién está fiscalizando realmente el negocio de los áridos?
Porque cuando las denuncias se repiten, los documentos se acumulan y las respuestas no aparecen, la fiscalización también termina bajo la lupa.