Por Viviana Díaz Carvallo
Presidenta y Fundadora Fundación Karun
Hay decisiones que parecen técnicas hasta que uno se detiene a preguntar quién va a vivir al lado de ellas. ¿Quién va a respirar ese aire? ¿Quién va a convivir con el paso de cientos de camiones? ¿Quién asume el riesgo, y quién se queda solo con el beneficio? Son preguntas que no puedo dejar de hacerme, quizás porque llevo años trabajando de cerca con comunidades y territorios, y sé que detrás de cada informe técnico hay siempre una historia de personas concretas.
En La Colonia, en Lautaro, esas preguntas tienen nombre y territorio: comunidades mapuches, familias rurales y un humedal que llevan casi una década resistiendo la instalación de un relleno sanitario. Se llama Pintamahuida, está en evaluación ante el SEA, y su votación está prevista para el 6 de octubre. No creo que esta discusión deba reducirse a si necesitamos o no un lugar donde depositar nuestros residuos. La pregunta que de verdad me interesa hacer es más incómoda: ¿quién está pagando el costo de la basura que producimos todos?
A cuatro kilómetros del radio urbano de Lautaro es donde se proyecta instalar Pintamahuida. El werkén de la comunidad Juan Chavarría, Guillermo Savaria Beltrán, lo dijo con una claridad que me resulta imposible ignorar; el proyecto busca instalarse a esos mismos cuatro kilómetros de su vivienda y de otras comunidades. Y detrás de la discusión técnica ubicación, capacidad, transporte, disposición final hay una pregunta que no me puedo permitir esquivar, ¿por qué son siempre ciertos territorios los que terminan considerados «disponibles» para recibir lo que produce toda una región?
Porque esto no es solo un problema de Lautaro. La Araucanía genera cientos de miles de toneladas de residuos al año y enfrenta una crisis real de disposición final. Diversas comunas trasladan sus residuos fuera de la región, algunas recorriendo más de cien kilómetros hasta el Biobío. Lautaro es un ejemplo concreto: sus residuos viajan hasta el relleno Laguna Verde, en Los Ángeles, con un costo municipal que supera los cientos de millones de pesos al año. Se me hace difícil no preguntarme qué clase de sistema hemos construido cuando una comuna debe recorrer tanta distancia solo para deshacerse de lo que produce a diario.
Pero hay una contradicción todavía mayor, y es la que más me inquieta; mientras trasladamos residuos de un territorio a otro, seguimos generando residuos que ni siquiera debería llegar a un relleno. Nos hemos acostumbrado a pensar los residuos desde el final del proceso ¿dónde la ponemos?, cuando la pregunta debería empezar mucho antes, ¿por qué la producimos?, ¿qué podemos evitar, reutilizar, reciclar? Cerca del 58% de los residuos municipales en Chile es materia orgánica, y sin embargo menos del 1% se valoriza. La Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos se propuso llegar a 30% el 2030 y 66% el 2040. Ante esas cifras, vuelvo siempre a la misma pregunta, ¿estamos construyendo una política de residuos, o solo buscando nuevos lugares donde esconderlos?
En 2016 promulgamos la Ley N°20.920, de Responsabilidad Extendida del Productor, con una idea que me parece fundamental: quienes ponen productos en el mercado también deben hacerse cargo de lo que ocurre con ellos al convertirse en residuos. Pero una ley, por sí sola, no transforma la realidad. Recién en enero de este año se publicó el reglamento sanitario que regula su recepción y transporte. Es un avance, pero también un recordatorio de que la transición hacia la economía circular sigue siendo mucho más lenta que la velocidad con que generamos residuos.
Y aquí llego a lo que más me preocupa, no todos los territorios tienen el mismo poder para decidir qué se instala en ellos. No todas las comunidades pueden contratar abogados, financiar estudios técnicos o sostener años de movilización. Por eso creo que la inequidad ambiental no consiste solo en que existan lugares contaminados, sino en que esos impactos se concentran justamente donde hay menor capacidad de decisión. Cuando una región no resuelve bien su gestión de residuos, la salida fácil es empujarlos hacia una comuna rural, hacia una comunidad indígena, hacia un ecosistema que no aparece en ninguna planilla económica. Ahí ocurre algo profundamente injusto; unos consumen, otros producen los residuos, y terceros cargan con las consecuencias.
Por eso creo que la discusión sobre Pintamahuida no puede reducirse a estar a favor o en contra de un relleno. La pregunta es más profund, ¿queremos seguir administrando la basura, o empezar a transformar la forma en que la producimos? La Araucanía necesita soluciones, pero no construidas sobre la idea de que siempre habrá una comunidad obligada a soportar lo que el resto no quiere ver. Necesitamos que los productores asuman de verdad la Ley REP, municipios con recursos reales para compostaje y valorización.
Los residuos no desaparecen cuando sale de nuestra casa. Solo cambia de lugar. Y ninguna comunidad mapuche o no, rural o urbana debería seguir siendo el destino por defecto de aquello que todos generamos, pero que algunos tienen mucho más poder para mantener lejos de su propia casa.