La Municipalidad de Lautaro publicó una licitación por $173.722.626 para la limpieza y despeje de emergencia del Parque Isabel Riquelme, afectado por la caída de más de un centenar de árboles durante el temporal de julio. El proceso reabre el debate por una oferta realizada por un empresario local, quien había puesto gratuitamente a disposición del municipio maquinaria para apoyar el retiro de los árboles. En redes sociales, vecinos cuestionan que no se haya encontrado una fórmula para aprovechar ese aporte.
Los fuertes vientos registrados durante julio en La Araucanía provocaron importantes daños en el Parque Isabel Riquelme de Lautaro.
El fenómeno provocó la caída de más de un centenar de árboles, principalmente eucaliptus, afectando distintos sectores del recinto y generando daños en infraestructura, juegos infantiles, servicios higiénicos y la piscina municipal.
Tras la emergencia, autoridades realizaron visitas al parque y se planteó la necesidad de gestionar recursos extraordinarios para enfrentar los daños provocados por el temporal, incluyendo la extracción de los árboles y la reposición de la infraestructura afectada.
En medio de esta situación, surgió una propuesta desde el sector privado.
El empresario lautarino Salvador Caballero ofreció poner gratuitamente a disposición del municipio sus servicios de maquinaria para colaborar con el movimiento y retiro de los árboles caídos.
La propuesta fue formalizada mediante una carta dirigida al alcalde Ricardo Jaramillo y al Concejo Municipal.
De una oferta gratuita a una licitación por $173 millones
Durante una sesión del Concejo Municipal se planteó la necesidad de realizar un catastro de los daños provocados por el temporal, con el objetivo de determinar las pérdidas y gestionar los seguros correspondientes.
Paralelamente, autoridades regionales comprometieron recursos para la recuperación del recinto.
Posteriormente, la Municipalidad de Lautaro publicó en Mercado Público la licitación ID 4179-50-LP26, denominada “Limpieza y despeje de emergencia en Parque Isabel Riquelme, comuna de Lautaro”.
El proceso contempla un presupuesto disponible de $173.722.626 y corresponde a una contratación mediante licitación pública.
La publicación establece como objetivo ejecutar labores de limpieza y despeje de emergencia en el recinto municipal afectado por el temporal.
El proceso tiene como fecha de cierre el 22 de octubre de 2026, mientras que la adjudicación se encuentra prevista para el 30 de octubre.
La cifra involucrada abre una pregunta que hoy comienza a instalarse entre vecinos: ¿qué ocurrió con la oferta gratuita realizada durante la emergencia y por qué finalmente se optó por contratar externamente las labores de despeje?
¿Existía una alternativa para recibir la ayuda privada?
Uno de los antecedentes que ha comenzado a circular en la discusión ciudadana apunta a que la colaboración privada con maquinaria no necesariamente implica que el municipio deba recibir gratuitamente un bien de manera definitiva.
Entre las alternativas administrativas que se mencionan para formalizar una colaboración de este tipo se encuentran convenios de colaboración, comodatos de uso gratuito o aportes de servicios de maquinaria, dependiendo de las características específicas de la propuesta y de las condiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Por ejemplo, una empresa o persona podría poner temporalmente maquinaria a disposición del municipio para una tarea determinada, bajo las condiciones que establezca el instrumento jurídico correspondiente.
Pero determinar si esa alternativa era jurídicamente viable en este caso concreto es una cuestión que debe responder la propia Municipalidad de Lautaro y, eventualmente, los organismos competentes.
También resulta necesario conocer si la propuesta de Salvador Caballero fue sometida a evaluación jurídica y técnica, si existió algún impedimento para aceptarla y qué procedimiento administrativo se consideró necesario para formalizarla.
Vecinos cuestionan que no se aprovechara una ayuda local
La discusión ya comenzó a reflejarse en redes sociales.
Antonieta Caniu Fuentes cuestionó que se contratara una empresa externa mientras existía, según planteó, la posibilidad de alcanzar un acuerdo con un vecino de la comuna que había ofrecido su colaboración.
“Independiente colores políticos, ayuda es ayuda venga de donde venga”, señaló en su comentario, planteando que lo relevante debería ser el resultado positivo para la comuna.
En una línea similar, la Señora Sandra usuario de Facebook cuestionó el eventual costo de contratar servicios externos frente a una propuesta gratuita realizada por un empresario local.
“Lo que importa aquí es que se arregle por el bien de la gente y no por los cuestionamientos políticos”, expresó, abriendo además la discusión sobre qué alternativa preferiría la ciudadanía.
Los comentarios reflejan una inquietud que trasciende la identidad política de quienes participan del debate: si un privado ofreció colaborar gratuitamente durante una emergencia, ¿por qué esa alternativa no prosperó?
La respuesta requiere antecedentes y no solamente opiniones.
El punto central: cuánto costará el despeje
Otro aspecto que requiere claridad es determinar cuánto del monto licitado corresponde específicamente al retiro de los árboles y cuánto se relaciona con otras labores de limpieza, despeje, traslado, disposición o recuperación del recinto.
La cifra de $173.722.626 no necesariamente corresponde exclusivamente al valor de retirar los árboles.
Por ello, las bases y antecedentes técnicos de la licitación adquieren especial relevancia para conocer el alcance real del contrato.
También resulta pertinente determinar qué cantidad de árboles contempla el proceso, qué maquinaria deberá utilizar el eventual adjudicatario, cuál será el destino de la madera y qué plazo tendrá para ejecutar las labores.
Estos antecedentes permitirán establecer con precisión qué está pagando la Municipalidad de Lautaro con los recursos destinados a la recuperación del Parque Isabel Riquelme.
Transparencia frente a una oferta que fue presentada durante la emergencia
La Municipalidad de Lautaro enfrenta ahora una oportunidad para despejar las dudas.
Si la propuesta de Salvador Caballero no podía ser aceptada por razones técnicas, administrativas, jurídicas o de seguridad, sería pertinente que el municipio explique cuáles fueron esas razones.
Si, en cambio, la oferta fue evaluada y descartada por otros motivos, también corresponde que la comunidad conozca los fundamentos de esa decisión.
Y si existía un mecanismo administrativo para formalizar la colaboración, resulta igualmente relevante saber si esa alternativa fue analizada.
No corresponde concluir, a partir de los comentarios publicados en redes sociales, que la decisión municipal haya obedecido a razones políticas. Esa afirmación requeriría antecedentes concretos.
Pero tampoco resulta razonable que una propuesta de colaboración gratuita quede sin explicación cuando posteriormente aparece una licitación pública con un presupuesto disponible de $173,7 millones.
Recuperar el parque también significa rendir cuentas
El Parque Isabel Riquelme necesita ser recuperado. El temporal dañó uno de los principales espacios recreativos de la comuna y dejó fuera de condiciones normales sectores utilizados por familias, niños y vecinos.
La contratación pública puede ser perfectamente procedente cuando existe una necesidad municipal y se cumplen las exigencias legales y administrativas.
El punto que merece explicación es otro: qué ocurrió entre la oferta gratuita presentada por Salvador Caballero durante la emergencia y la posterior decisión de licitar las labores de limpieza y despeje.
La comunidad tiene derecho a conocer si aquella propuesta fue formalmente recibida, qué informes fueron elaborados, qué respuesta entregó la administración municipal y cuáles fueron las razones para continuar con el proceso de contratación.
También corresponde conocer el detalle de la licitación 4179-50-LP26, su presupuesto, las labores contempladas y el destino final de los recursos.
Porque recuperar el Parque Isabel Riquelme no significa solamente retirar los árboles caídos y reparar los daños. También implica demostrar que cada recurso público destinado a levantar nuevamente este espacio fue administrado con eficiencia, transparencia y pensando en el interés de los vecinos de Lautaro.
