Una ofensiva judicial impulsada por la Municipalidad de Temuco terminó con sentencias condenatorias contra dos administradores de salas de juego clandestinas, el comiso de 130 máquinas tragamonedas y más de $14 millones a beneficio fiscal. La estrategia municipal busca convertirse en un precedente para combatir este negocio ilegal en otras ciudades del país.
Un resultado judicial que podría marcar un precedente en la persecución de los casinos ilegales se concretó en Temuco. Tras una investigación impulsada mediante una querella criminal de la Municipalidad, la justicia dictó sentencias condenatorias contra dos administradores de establecimientos de juego clandestino y ordenó el comiso y destrucción de 130 máquinas tragamonedas incautadas durante los procedimientos.
Los condenados corresponden a un ciudadano chileno y otro de nacionalidad china, vinculados a la operación de estos recintos sin autorización. El proceso también permitió establecer el destino judicial de los equipos, que deberán ser eliminados definitivamente para impedir que vuelvan a incorporarse al circuito ilegal de apuestas.
El resultado adquiere relevancia porque la estrategia municipal no se limitó a las tradicionales fiscalizaciones administrativas y decretos de clausura. En esta oportunidad, el municipio asumió un papel activo como querellante en la causa penal, buscando que las investigaciones avanzaran hasta obtener sanciones judiciales contra los responsables.
La acción fue desarrollada en coordinación con el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos y otras instituciones, entre ellas el casino Dreams de Temuco.
Querella municipal permitió avanzar hacia condenas
Uno de los principales obstáculos que enfrentan las autoridades en el combate contra los casinos clandestinos es la continuidad de sus operaciones, incluso después de fiscalizaciones y clausuras municipales. En distintos casos, los establecimientos vuelven a funcionar o las máquinas incautadas permanecen durante largos períodos almacenadas, mientras se resuelve su situación judicial.
La Municipalidad de Temuco optó por una estrategia distinta: intervenir directamente en el proceso penal mediante una querella criminal por explotación ilegal de juegos de azar.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el municipio, esta gestión permitió avanzar hasta dos sentencias condenatorias y obtener una resolución que dispone el comiso de los equipos para su destrucción. Además, se informó de más de $14 millones destinados a beneficio fiscal.
El procedimiento también contempla nuevas audiencias para otros imputados vinculados a estas investigaciones, por lo que el resultado judicial podría ampliarse a medida que avancen las respectivas causas.
El abogado del Departamento de Litigios de la Municipalidad de Temuco, Francisco Vergara Maldonado, destacó la coordinación institucional y el alcance de las resoluciones obtenidas.
“Como municipalidad somos uno de los primeros organismos que ha atacado este procedimiento y son las primeras sentencias a nivel nacional que salen con una condena”, afirmó, atribuyendo relevancia al trabajo jurídico desarrollado.
El profesional agregó que la fiscalización de estos establecimientos también responde a obligaciones institucionales que deben asumir los municipios, por lo que mantener funcionando recintos sin autorización significa tolerar una actividad ilegal.
Municipio busca establecer un precedente nacional
La directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Temuco, Muriel Maturana Arriagada, sostuvo que el resultado representa un avance en una estrategia que se ha extendido durante varios años y que busca enfrentar de manera más efectiva la explotación clandestina de máquinas de azar.
La abogada destacó especialmente la articulación entre los distintos organismos que participaron en las investigaciones y manifestó que las sentencias obtenidas podrían abrir camino para otros procedimientos judiciales actualmente pendientes.
El objetivo, explicó, no se limita a perseguir la explotación ilegal de juegos de azar, sino también las conductas delictuales y situaciones de incivilidad que pueden estar asociadas al funcionamiento de estos establecimientos.
En ese contexto, anunció que el municipio mantendrá las fiscalizaciones a través del Departamento de Rentas y Patentes, con el propósito de detectar locales que operen sin autorización y avanzar judicialmente contra sus responsables.
La estrategia también apunta a establecimientos que han sido clausurados anteriormente y que posteriormente retoman sus actividades, una situación que ha dificultado el control permanente de este tipo de comercio.
Fiscalizaciones detectaron otras irregularidades
Los antecedentes municipales también describen un conjunto de situaciones detectadas durante las inspecciones realizadas en establecimientos que funcionaban bajo la apariencia de locales de juegos de destreza.
Entre las irregularidades identificadas se mencionan expendio clandestino de alcohol durante horarios de madrugada, ausencia de patentes y falta de fiscalización sanitaria, además de la presencia de menores de edad en algunos recintos.
Asimismo, se informó sobre subdivisiones y habitaciones improvisadas en sectores posteriores de los establecimientos, donde pernoctaban personas vinculadas a su funcionamiento y sus familias.
Estos antecedentes ampliaron el foco de preocupación de las autoridades, debido a las condiciones en que operaban algunos de estos locales y a los eventuales riesgos para la seguridad y salud pública.
Con las dos condenas y la orden de destrucción de las 130 máquinas tragamonedas, Temuco busca demostrar que el combate contra los casinos clandestinos puede superar la etapa de las clausuras administrativas y avanzar hacia consecuencias penales concretas.
El desafío ahora será extender esta estrategia a los demás establecimientos investigados y mantener una fiscalización sostenida que impida la reaparición de estos negocios. El resultado abre una discusión relevante para otros municipios del país: cómo evitar que los casinos ilegales continúen operando pese a los reiterados procedimientos de clausura.