Entre los arrestados hay 44 gendarmes; se congelaron cuentas y se incautaron millonarios montos en efectivo.
La “Operación Apocalipsis” deja al descubierto una de las redes más sofisticadas de corrupción en recintos penitenciarios chilenos, con funcionarios de Gendarmería implicados en el ingreso irregular de elementos prohibidos y personas no autorizadas. La acción conjunta de la Fiscalía Occidente y la PDI revela un entramado criminal con un impacto millonario en recursos financieros y evidencia la necesidad de reforzar la supervisión en los penales.
Detenciones masivas y alcance del operativo
El operativo, coordinado por la Fiscalía Regional Occidente y ejecutado junto a la Policía de Investigaciones, se desplegó en siete regiones del país y permitió la detención de 66 personas, entre las cuales 44 eran funcionarios de Gendarmería. De estos, 40 fueron capturados mediante órdenes judiciales y cuatro sorprendidos en flagrancia dentro de Santiago 1.
El fiscal regional Marcos Pastén detalló que la red permitía, a cambio de pagos, el ingreso de objetos prohibidos y personas no autorizadas a los penales de Santiago 1 y San Joaquín, afectando directamente la seguridad interna y la integridad de los internos.
Seguimiento financiero y medidas judiciales
La investigación incluyó el seguimiento de más de 9.000 transferencias bancarias y cerca de 100 interceptaciones telefónicas autorizadas por tribunales, resultando en 183 cuentas congeladas, 16 vehículos incautados y $50 millones en efectivo.
El director de la PDI, Eduardo Cerna, precisó que el movimiento financiero asociado a la red supera los $6.300 millones, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a cohechos y sobornos. Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia destacó que la operación es fruto del foco penitenciario creado en 2023, orientado a investigar delitos tanto de internos como de funcionarios públicos.
Reacciones institucionales y próximos pasos
El director de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la inmediata desvinculación de los funcionarios involucrados, señalando que “han violado su juramento a la bandera” y representan un riesgo para la seguridad de los recintos.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoraron la operación como un paso clave en la lucha contra el crimen organizado dentro de las cárceles.
Los detenidos serán formalizados por asociación criminal, cohecho simple y agravado, soborno e infracciones patrimoniales, y la investigación sigue en curso, sin descartar nuevas detenciones en otras regiones del país.