Las hijas y familiares de los comuneros mapuche falsamente acusados en la denominada Operación Huracán vivieron un nuevo episodio de discriminación institucional este viernes en Temuco, cuando fueron inicialmente impedidas de ingresar al Tribunal Oral en lo Penal para presenciar el veredicto contra los responsables de una de las mayores montajes judiciales de la historia reciente del país.
Los hechos ocurrieron durante la jornada en que el tribunal dio a conocer la condena contra cinco exfuncionarios de Carabineros de Chile y un civil, declarados culpables por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, en el marco de la causa que dejó en prisión preventiva a comuneros mapuche con pruebas falsas desde septiembre de 2017.
Violencia institucional que se arrastra desde 2017
Las familias afectadas no solo cargan con las consecuencias judiciales y emocionales de las detenciones ocurridas el 23 de septiembre de 2017, cuando Carabineros realizó allanamientos simultáneos en Temuco, Ercilla, Concepción, Talcahuano y Los Ángeles, sino que continúan siendo revictimizadas por el propio sistema estatal.
Aquellos operativos —autorizados judicialmente en base a informes policiales posteriormente acreditados como falsos— incluyeron ingreso violento a viviendas, destrucción de enseres, uso desmedido de la fuerza y detenciones frente a niños y familiares, una práctica que las comunidades mapuche denuncian como sistemática.
Gendarmería impide ingreso y utiliza escudos antimotines
En esta oportunidad, las hijas y familiares de los comuneros fueron inicialmente bloqueadas en el acceso al Tribunal Oral en lo Penal de Temuco por personal de Gendarmería de Chile, quienes incluso utilizaron escudos antimotines para controlar el ingreso de menores de edad.
Según explicó la abogada querellante Karina Riquelme, la medida fue completamente desproporcionada y carente de justificación.
“La actitud de Gendarmería fue innecesaria y grave. Bastaba con verificar identidades. Colocar escudos encima de niñas y bloquear el acceso a un edificio público es una forma clara de maltrato”, señaló la jurista.
Intervención judicial y denuncia de racismo
Riquelme debió interceder directamente ante la jueza presidenta de la sala para detener lo que calificó como actos racistas y discriminatorios. La situación retrasó incluso el inicio de la audiencia.
“No llegamos a la hora porque estábamos resolviendo que las víctimas estaban afuera siendo maltratadas. Esto es gravísimo, más aún en el día en que se reconoce judicialmente que fueron víctimas de un montaje”, relató.
Solo tras esta intervención se permitió el ingreso de las familias, quienes finalmente pudieron escuchar el veredicto condenatorio que reafirmó la inocencia de los comuneros acusados falsamente en la Operación Huracán.
Racismo persistente incluso en los tribunales
Para la abogada querellante, lo ocurrido deja en evidencia una problemática estructural.
“Aquí no solo hay un deber humano de trato digno, sino obligaciones legales específicas hacia los pueblos originarios. Fueron discriminados por su vestimenta y su origen, y eso es inaceptable”, enfatizó Riquelme.
Las familias regresaron a sus territorios tras la audiencia, en una región donde —advierten— el racismo institucional sigue presente incluso en espacios que debieran garantizar justicia, reparación y respeto.