Viviana Diaz Carvallo
Ecologista
Presidenta Fundación Karün
Los delitos ambientales aumentan de manera exponencial. Incendios forestales, contaminación de ríos, daño a áreas protegidas y destrucción de ecosistemas se repiten año tras año, mientras la fiscalización y las sanciones siguen siendo insuficientes. Esta combinación ha instalado una peligrosa sensación de impunidad que debilita la protección del territorio y pone en riesgo la vida de las personas.
Según datos de CONAF, más del 99% de los incendios forestales en Chile tiene origen humano, ya sea por negligencia, descuido o intencionalidad. Sin embargo, solo una fracción mínima de estos hechos termina con responsables sancionados. La mayoría de las investigaciones se archiva sin resultados, reforzando la idea de que provocar daño ambiental “no tiene costo”.
Los incendios forestales son el rostro más visible de esta crisis. Cada temporada se pierden miles de hectáreas, viviendas e infraestructura, y en los casos más graves, se lamenta la muerte de personas. Bomberos y brigadistas forestales arriesgan su vida enfrentando emergencias cada vez más complejas y peligrosas. Incendios emblemáticos, ocurridos en parques y reservas, dejaron un daño ambiental irreparable, sin que hasta hoy existan responsabilidades claras.
La Superintendencia del Medio Ambiente ha reconocido un aumento sostenido de denuncias por infracciones ambientales, especialmente por contaminación de aguas, suelos y aire. No obstante, el número de sanciones efectivas sigue siendo bajo en relación con la magnitud del daño. Esta brecha entre denuncias, investigación y castigo profundiza la desconfianza ciudadana y desincentiva la denuncia.
En La Araucanía, región con alta ruralidad y gran riqueza natural, esta debilidad institucional resulta especialmente grave. La contaminación de ríos, esteros y napas subterráneas afecta directamente a comunidades completas, mientras la sobrecarga del sistema judicial y la falta de especialización impiden respuestas oportunas y efectivas.
Frente a este escenario, es urgente fortalecer la política ambiental con instituciones robustas. Resulta imprescindible avanzar hacia la designación de un fiscal regional con dedicación exclusiva en delitos ambientales, con formación técnica, equipos especializados y capacidad real de coordinación con CONAF, la PDI y la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin persecución penal efectiva, las leyes ambientales se transforman en letra muerta.
Proteger nuestros bosques, ríos y territorios no es solo una causa ambientalista; es una responsabilidad con quienes arriesgan su vida combatiendo emergencias y con las comunidades que sufren las pérdidas.
La naturaleza no puede defenderse sola. La naturaleza necesita justicia, y esa justicia no puede seguir esperando.