Las demandas laborales en la municipalidad de Pucón parecen no tener fin. Esta vez, el suspendido director del DAEM, Alejandro Durán, presentó una acción judicial contra el municipio, acusando presiones, amenazas y vulneración de sus derechos laborales. En juego, $60 millones por daño moral y la exigencia de disculpas públicas.


Contexto de la demanda laboral de Alejandro Durán

Alejandro Durán, suspendido temporalmente de su cargo en la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM), ingresó una demanda por tutela laboral en el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón. La acción judicial señala presiones, malos tratos y amenazas que, según Durán, afectaron su desempeño y reputación. Además, el documento detalla que Durán acumuló más de 25 años de trayectoria en el municipio, desde su inicio como profesor rural en Paillaco hasta su cargo actual en Pucón, consolidándose como un referente del área educativa local.

Según la demanda, todo comenzó tras el discurso de asunción del alcalde Sebastián Álvarez, quien describió una “crisis” en la comuna, poniendo especial foco en el área de Educación. Durán sostiene que nunca se le permitió presentar descargos ni explicar la situación del departamento, lo que, según él, dañó su reputación y credibilidad públicamente.


Presuntas presiones y grabación con el alcalde

La demanda incluye un registro de audio donde Durán conversó con el alcalde Álvarez. Según el relato, durante la reunión Álvarez “sugirió” que Durán presentara su renuncia voluntaria, lo que, de concretarse, habría evitado posibles sanciones de inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años ante una destitución por sumario. Durán rechazó la sugerencia, afirmando que tenía “conciencia tranquila y las manos limpias”.

En la grabación, se evidencia cómo el alcalde le explica la pérdida de confianza en su gestión, ligada a denuncias por malversación de fondos y posibles irregularidades en la administración del DAEM.


Intervención del Administrador Municipal y manejo del sumario

Otro punto clave de la demanda involucra al Administrador Municipal, Francisco Torres. Durán afirma que Torres le insinuó que podía “manejar los tiempos” del sumario administrativo para permitirle una salida voluntaria. Según el relato, esto buscaba darle margen para ajustar compromisos económicos y familiares, evitando un impacto negativo directo sobre su situación laboral y personal. Durán, sin embargo, habría rechazado esta opción, señalando que las auditorías de Contraloría solo reportaron faltas administrativas menores.


Daños psicológicos y reclamos adicionales

La demanda detalla los efectos psicológicos que las presuntas acciones de hostigamiento provocaron en Durán, incluyendo ansiedad, ataques de llanto y miedo a asistir al trabajo. Por estos motivos, junto a los $60 millones por daño moral, sus abogados solicitan que la municipalidad publique disculpas públicas, reconozca la vulneración de derechos y se condene en costas.

Hasta el cierre de esta nota, ni la municipalidad ni el alcalde han emitido una declaración oficial respecto a la demanda presentada por Durán, dejando abierta la expectación sobre los próximos pasos judiciales en este caso que mantiene en tensión la gestión municipal en Pucón.

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