El Gobierno anunció cambios al reglamento de la Ley Uber para evitar la salida masiva de conductores y reducir tiempos de espera, mientras un cruce público entre autoridades del actual Ejecutivo y el ex ministro Juan Carlos Muñoz reabre el debate sobre cómo debe regularse el transporte por aplicaciones en Chile.
El Gobierno anunció que ingresará modificaciones al reglamento de la denominada Ley Uber, normativa destinada a regular las plataformas digitales de transporte y movilidad en Chile, medida que ya genera controversia política y diferencias públicas entre autoridades actuales y ex integrantes del Ministerio de Transportes.
Los ajustes buscan corregir aspectos del proyecto aprobado durante la administración del Presidente Gabriel Boric, especialmente en materias relacionadas con requisitos para conductores, antigüedad de vehículos y cobertura territorial del servicio.
Cambios buscan ampliar oferta y evitar salida masiva de conductores
Desde el Ministerio de Transportes se explicó que una de las principales modificaciones apunta a evitar que miles de vehículos queden fuera del sistema una vez entre en vigencia la regulación.
Según la autoridad, el reglamento anterior podía excluir hasta un 85% de los automóviles debido a exigencias técnicas como la cilindrada, lo que habría reducido significativamente la disponibilidad de viajes.
Con los nuevos ajustes se pretende mantener más autos operando, ampliar la cobertura en distintas comunas del país y reducir los tiempos de espera para los usuarios, evitando que estos aumenten considerablemente.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo central es equilibrar la regulación sin afectar la calidad del servicio ni el acceso al transporte en regiones.
Antigüedad de vehículos genera cruce entre autoridades
Uno de los puntos más debatidos surgió tras una entrevista radial en la que el ministro de Transportes cuestionó cómo había quedado el proyecto originalmente, señalando que los conductores solo podrían operar con vehículos de hasta un año de antigüedad.
Sin embargo, el ex ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, respondió mediante una carta al director publicada en La Tercera, aclarando que los actuales conductores podrán seguir trabajando con vehículos de hasta 10 años de antigüedad.
Según la explicación del ex secretario de Estado, la exigencia más estricta aplicaría únicamente a quienes ingresen al sistema una vez promulgada la ley.
La discrepancia pública evidenció diferencias de interpretación sobre el impacto real de la normativa en el rubro del transporte por aplicaciones.
Restricciones territoriales y funcionamiento regional
Otro punto aclarado por el ex ministro Muñoz dice relación con los traslados entre comunas y regiones.
La normativa permitiría realizar viajes entre regiones —por ejemplo, desde Santiago a Valparaíso—, pero impediría que el conductor permanezca operando de manera permanente fuera de la región donde está inscrito, debiendo regresar a su zona de registro para continuar prestando servicios.
La medida busca evitar desequilibrios territoriales y competencia desregulada entre regiones.
Bono por alza de combustibles no incluirá a conductores de aplicaciones
Durante la presentación de las modificaciones también surgió el debate sobre eventuales apoyos económicos al sector.
Consultado por la posibilidad de extender a conductores de aplicaciones el bono estatal de 100 mil pesos entregado a taxistas y colectiveros por el alza de los combustibles, el ministro descartó esa opción.
La autoridad explicó que, a diferencia del transporte público menor, muchos conductores de plataformas digitales trabajan de forma parcial o complementaria, por lo que no cumplen con las mismas condiciones laborales permanentes.
Reglamento deberá pasar por Contraloría y podría reabrir discusión legislativa
Las modificaciones al reglamento serán ingresadas próximamente y deberán ser revisadas por la Contraloría General de la República antes de su implementación.
El proceso podría reactivar el debate político en el Congreso, donde la ley ya había sido despachada, especialmente en torno al equilibrio entre transporte público tradicional y plataformas digitales de movilidad.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que los cambios buscan garantizar competencia justa, cobertura nacional y continuidad del servicio para usuarios y conductores.