La propietaria recibió condenas que sumaban cuatro años y ocho meses de presidio, sustituidas por libertad vigilada intensiva. Su colaboradora fue sentenciada como cómplice. En agosto, 13 adultos mayores fueron rescatados del recinto y cuatro debieron ser hospitalizados.
Dos mujeres fueron condenadas por delitos cometidos contra adultos mayores que residían en un hogar que funcionó ilegalmente durante 25 años en Traiguén. Pese a la gravedad de los hechos acreditados en la causa, ambas cumplirán sus condenas fuera de prisión, bajo las condiciones establecidas por el tribunal.
El caso salió a la luz en agosto, cuando un operativo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI) y equipos de salud permitió rescatar a 13 personas mayores que se encontraban en precarias condiciones. Cuatro de ellas debieron ser trasladadas al Hospital de Traiguén para recibir atención médica.
Las dos mujeres detenidas por estos hechos aceptaron su responsabilidad en un procedimiento abreviado realizado ante el Tribunal de Garantía de Traiguén.
Propietaria fue condenada por varios delitos
De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal Marco Pávez, la propietaria del recinto fue condenada por homicidio simple frustrado, lesiones menos graves, maltrato corporal relevante contra 11 residentes y mantener y suministrar medicamentos en mal estado.
La segunda mujer, quien colaboraba en el funcionamiento de la residencia clandestina, fue condenada en calidad de cómplice. En su caso, la pena de presidio también fue sustituida por una sanción que deberá cumplir en libertad, según los antecedentes del caso.
Cuatro años y ocho meses sustituidos por libertad vigilada
En el caso de la propietaria, el tribunal consideró como atenuantes su irreprochable conducta anterior y su colaboración con la investigación. A partir de ello, tres penas privativas de libertad que sumaban cuatro años y ocho meses fueron sustituidas por la pena de libertad vigilada intensiva.
La medida contempla supervisión y control por parte de Gendarmería, de acuerdo con las condiciones que se establezcan para su cumplimiento.
El caso vuelve a poner atención sobre las condiciones de funcionamiento de residencias para personas mayores y la importancia de la fiscalización para resguardar la integridad de quienes requieren cuidados permanentes.
El rescate de los 13 residentes en agosto permitió dimensionar la situación que enfrentaban las personas alojadas en el recinto. La causa penal concluyó con las condenas de las dos responsables, aunque ninguna ingresará a prisión para cumplir las penas sustituidas.