María del Carmen Fabres cumpliría 92 años el día después del incendio que destruyó el hogar El Edén, en la localidad de Comuy. Su familia esperaba celebrar con ella, pero la tragedia dejó 16 adultos mayores fallecidos. El recinto funcionaba sin autorización sanitaria y acumulaba antecedentes de fiscalización. Mientras se investiga el origen del fuego, las cifras evidencian la brecha entre las personas mayores que requieren cuidados y los cupos disponibles en Chile.
A María del Carmen Fabres le iban a celebrar sus 92 años el sábado 12 de septiembre. Sus hijos tenían todo preparado para llegar al hogar El Edén y cantarle el cumpleaños feliz. Sin embargo, durante la madrugada del viernes, Héctor, uno de sus hijos, recibió una llamada de emergencia: la residencia donde su madre vivía desde hacía seis meses estaba en llamas.
Al cortar, no tardó en confirmar la noticia. En redes sociales ya circulaban videos que mostraban la destrucción del recinto.
Cuando llegó a Comuy, localidad situada a unos 30 kilómetros de Pitrufquén, encontró el hogar prácticamente reducido a cenizas. Los restos de la estructura estaban en el suelo, quemados e inutilizables. Las paredes ennegrecidas que aún permanecían en pie daban cuenta de la intensidad del fuego.
Héctor solo atinó a preguntar por su madre.
La primera información que recibió fue que siete adultos mayores habían logrado salvarse. Preguntó si María estaba entre ellos, pero nadie pudo confirmárselo ni descartarlo.
Sin certezas, lo enviaron a un colegio y a otra residencia donde estaban trasladando a los sobrevivientes. Durante la madrugada recorrió ambos lugares con la esperanza de encontrarla con vida.
“Cuando ya no encontramos nada, mi señora me dijo: ‘A lo mejor tú ya sientes qué es lo que pasó’”, relató Héctor a Bío Bío Investiga.
Más tarde, los familiares fueron derivados a la posta del sector. Allí les explicaron que la lista de sobrevivientes incluía a diez personas. Quienes no aparecían en ella no habían podido ser rescatados con vida.
“Di por hecho que se había quemado”, recordó.
María del Carmen Fabres fue una de las 16 víctimas fatales del incendio del hogar El Edén, un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) que no contaba con autorización sanitaria para funcionar como tal y que registraba antecedentes de fiscalización.
La tragedia reabrió el debate sobre la supervisión de estos recintos, las condiciones en que operan y la falta de alternativas para las familias que necesitan atención especializada para sus adultos mayores.
Seis meses en el hogar El Edén
Antes de llegar a El Edén, María vivía en otra residencia. Héctor recuerda que veía a su madre y a otros residentes en malas condiciones: descuidados, sucios y con poca atención. En algunas ocasiones, asegura, incluso observó moretones.
“Me di cuenta de que el hogar no reunía las condiciones”, señaló.
La búsqueda de una alternativa lo llevó hasta Comuy. Como tutor de su madre, conversó con sus hermanos y acordaron pagar $650 mil mensuales para que recibiera cuidados en el nuevo establecimiento.
A primera vista, el lugar le generó confianza. Le parecieron buenas las instalaciones y valoró que el recinto estuviera limpio y no tuviera malos olores. Durante los meses que María permaneció allí, asegura, no se arrepintió de su decisión.
“En 15 días mi mamá se recuperó demasiado (…) Parecía muñeca ahora”, recordó.
Héctor calculaba que en el hogar trabajaban cuatro personas, además de la dueña, quien —según le habían contado— también participaba en las labores y acudía al lugar de lunes a viernes.
Sin embargo, admite que nunca pidió certificados ni comprobó la formación del personal.
“Uno igual comete errores, porque yo creo que uno debería ser más exigente en ese sentido. Pero uno no lo hace por el miedo de que no le vayan a recibir al abuelito”, reconoció.
La noche del incendio, de acuerdo con los antecedentes expuestos tras la tragedia, una sola cuidadora estaba a cargo de los 26 adultos mayores que residían en el establecimiento. La trabajadora no tenía estudios de enfermería ni una formación similar.
El desgaste de cuidar en casa
Antes de tomar la decisión de ingresar a María a una residencia, Héctor y su esposa se encargaban de cuidar tanto a ella como al padre de familia. Durante aproximadamente dos años se turnaron para atenderlos, hasta que el esfuerzo comenzó a afectar su propia salud.
Héctor asegura que terminó en el hospital y que un médico le advirtió sobre las consecuencias de continuar en esas condiciones.
“Un doctor me dijo un día que, si no dejaba de hacer lo que estaba haciendo, capaz que iba a terminar en salud mental”, relató.
Tras la muerte de su padre y el avance de la demencia de María, la familia decidió buscar un lugar que pudiera entregarle los cuidados que necesitaba. Héctor sostiene que también debió reconocer sus propios límites.
“Nosotros no estamos preparados para atender a los abuelitos de esta forma”, cuestionó.
Después del incendio, las críticas en redes sociales apuntaron también a los familiares que habían confiado el cuidado de sus seres queridos al hogar. Héctor considera injusto que todas las familias sean juzgadas de la misma manera.
“Nos meten a todos en el mismo saco. Yo sé que hay gente que va a dejar a los abuelitos y nunca más se acuerda. Básicamente se quieren deshacer de ellos. Pero no es la misma situación de todos”, defendió.
Aunque reconoce que en ocasiones podía pasar una semana sin visitar a su madre, asegura que su hermano iba cuando él no podía hacerlo.
Un recinto sin autorización sanitaria
El hogar El Edén estaba ubicado en el kilómetro 21 de la ruta S-70, en la Región de La Araucanía. El incendio comenzó cerca de las 22:00 horas del viernes 11 de septiembre.
Bomberos de Pitrufquén concurrió con cinco carros para enfrentar la emergencia. Vecinos del sector también se sumaron a los intentos por controlar las llamas. Una vez extinguido el fuego, los equipos encontraron cuerpos entre los escombros.
El balance final fue de 16 adultos mayores fallecidos. Diez personas sobrevivieron y fueron trasladadas al Liceo La Frontera, habilitado como albergue. Según los antecedentes conocidos tras la emergencia, la cuidadora que se encontraba de turno logró rescatar a diez residentes.
El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, informó que el establecimiento acumulaba antecedentes de fiscalización desde hacía siete años. Algunos procedimientos habían concluido con multas, mientras que otro permanecía abierto desde el año anterior.
A esos antecedentes se sumó una denuncia presentada por la Municipalidad de Pitrufquén en febrero de 2026 por presuntos maltratos al interior del recinto.
El establecimiento tampoco contaba con resolución sanitaria para operar como un ELEAM. Tras la tragedia, el Ministerio de Salud difundió información sobre los centros autorizados que figuraban en la plataforma de Modernización de la Información Digital de la Autoridad Sanitaria (MIDAS).
De acuerdo con los datos citados tras el incendio, en Chile había 993 establecimientos autorizados. La Región Metropolitana concentraba 507; Valparaíso, 151; O’Higgins, 53; Biobío, 52; y Maule, 50.
En Temuco, los antecedentes señalaban la existencia de 70 ELEAM, de los cuales 22 estaban regularizados. Estas cifras reflejan las dificultades para supervisar un sistema que combina residencias autorizadas con otras que funcionan fuera de la normativa.
Los ELEAM están destinados a personas de 60 años o más que, por razones biológicas, psicológicas o sociales, requieren un entorno protegido y cuidados diferenciados. La permanencia puede ser temporal o prolongada, según las necesidades de cada residente.
Más personas que necesitan cuidados que cupos disponibles
Después de la tragedia, la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado recibió antecedentes de la Subsecretaría de Salud Pública y del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) sobre el funcionamiento de estos establecimientos.
En esa instancia se informó que, junto con los 993 recintos autorizados, existirían otros 500 sin permiso de funcionamiento.
Entre 2023 y septiembre de 2026 se habían realizado 1.600 fiscalizaciones. Según los datos presentados ante la comisión, el 62% terminó con observaciones por incumplimientos de la normativa. La proporción llegaba al 77% entre los establecimientos sin autorización y al 49% en los que sí estaban autorizados.
La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, indicó que muchas de las observaciones se relacionaban con falta de personal, ausencia de dirección técnica y problemas básicos de infraestructura.
La directora de Senama, Karen Caiceo, expuso que Chile cuenta con 3,6 millones de personas mayores de 60 años. De ellas, cerca de 798 mil presentan algún grado de dependencia y unas 288 mil tienen dependencia severa, condición que puede hacer necesario el acceso a cuidados de larga duración.
Sin embargo, la capacidad disponible está lejos de cubrir esa demanda.
La red estatal cuenta con 23 ELEAM públicos, que representan alrededor de 1.300 plazas. A ello se suman cerca de 5.500 cupos asociados a subsidios de Senama y una red de establecimientos sin fines de lucro vinculados al servicio, con aproximadamente 12.800 plazas.
En conjunto, las cifras presentadas sitúan la oferta en torno a los 20 mil cupos para una población estimada de 288 mil personas mayores con dependencia severa.
La diferencia evidencia la presión que enfrentan las familias cuando deben buscar atención especializada. En ese escenario, la falta de alternativas puede dificultar la elección de un establecimiento y la verificación de sus condiciones antes del ingreso de un familiar.
La identificación de las víctimas y el origen del fuego
Una de las tareas más complejas después del incendio fue identificar a las personas fallecidas. Debido al estado en que quedaron algunos cuerpos, los peritajes requerían análisis especializados y, eventualmente, pruebas genéticas.
Para Héctor, la incertidumbre sobre la identidad de su madre fue uno de los momentos más difíciles. Le explicaron que, si no era posible reconocerla mediante otros antecedentes, el proceso podía prolongarse durante meses. Sin embargo, María fue una de las primeras víctimas identificadas.
“Yo sabía que mi mamita usaba paños. Había escuchado en incendios que cuando se quemaba el cuerpo y las personas usan paños, esa parte del paño precisamente les favorece como para hacer algo. Yo tenía la esperanza en eso”, contó.
Consultado por el posible origen del incendio, Héctor recordó que, según lo que sabía, a las cinco de la tarde se servía la última comida y no quedaban artefactos de cocina encendidos. Mencionó que en el hogar había un calientacamas conectado a la electricidad, aunque aclaró que nadie le confirmó que ese dispositivo hubiera provocado el fuego.
Hasta ahora, el origen y la causa del incendio continúan bajo investigación.
Bomberos de Pitrufquén declinó participar en el reportaje y señaló que evitaría emitir declaraciones tras las críticas y agresiones verbales recibidas por la emergencia. En un comunicado público, la institución respondió a los cuestionamientos sobre su actuación y rechazó que se le atribuyeran negligencias sin antecedentes concluyentes.
La institución informó que concurrieron cinco carros bomba y tres camiones aljibe, todos operativos, y sostuvo que sus voluntarios trabajaron en condiciones de extrema complejidad para intentar rescatar a quienes permanecían en el inmueble y contener la propagación de las llamas.
También manifestó respeto por el dolor de las familias, pero pidió que los cuestionamientos se formularan con responsabilidad y sobre la base de antecedentes verificables, mientras las autoridades competentes establecen eventuales responsabilidades.
Diligencias pendientes
Tras la emergencia, los diez sobrevivientes fueron trasladados a distintos lugares. Algunos quedaron inicialmente al cuidado de sus familias y otros fueron reubicados en residencias. A los cinco días, dos personas que habían sido recibidas por sus familiares ingresaron a centros de larga estadía, luego de que sus cercanos explicaran que no contaban con las condiciones necesarias para cuidarlas.
El Gobierno anunció que haría seguimiento a la situación de los sobrevivientes.
Por otra parte, la seremi de Justicia, Stephanie Caminondo, informó a Radio Bío Bío Temuco que cinco de las 16 víctimas aún permanecían sin identificar a fines de septiembre. Los peritajes estaban a cargo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones en Temuco.
El fiscal César Schibart explicó que se habían instruido diversas diligencias para recabar información y establecer tanto el origen y la causa del incendio como las condiciones en que funcionaba el hogar.
Mientras avanzan las investigaciones, la historia de María del Carmen Fabres mantiene una dimensión que va más allá de las causas del fuego. Su familia había organizado una celebración para sus 92 años, convencida de que podría visitarla al día siguiente.
El cumpleaños nunca llegó. En su lugar quedó una tragedia que dejó 16 personas fallecidas y volvió a poner en discusión la capacidad del país para garantizar cuidados seguros a sus adultos mayores, así como la fiscalización de los establecimientos que los reciben.