Mauricio Burgos Navarrete
Director Carrera Ingeniería en Control de Gestión
Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco
Quizás muchos nos sorprendimos con lo ocurrido recientemente en un barrio comercial de Santiago, donde el fallecimiento de un conocido personaje reveló una trama vinculada a préstamos informales. En medio de esta historia, incluso surgió la figura de un popular periodista de televisión, lo que intensificó el interés público.
En este contexto, una encuesta reciente de Chiledeudas, aplicada a cinco mil personas, arrojó cifras preocupantes sobre el fenómeno de la informalidad financiera. El 45% de los encuestados ha recurrido alguna vez a este tipo de deuda, y de ellos, el 60% aún la mantiene. Además, el 65% arrastra el compromiso por más de tres años, el 70% se encuentra en situación de morosidad, y un 65% enfrenta montos superiores a los cinco millones de pesos, llegando en algunos casos hasta los cien millones.
Las razones que llevan a las personas a este tipo de endeudamiento son diversas. La necesidad de financiar tratamientos de salud, el impulso por emprender, la urgencia de evitar el remate de bienes por deudas en el sistema formal, o simplemente cubrir gastos básicos ante el desempleo, son algunas de las motivaciones más frecuentes. El perfil de quienes acceden a este mercado informal también está definido: predominan los hombres (62%) y el rango etario más afectado se sitúa entre los 30 y 60 años. Un informe anterior de Chiledeudas, publicado en 2024, ya advertía que el 35% de las personas había recurrido a este tipo de obligaciones.
Las cifras y su evolución son inquietantes, y podrían considerarse un síntoma de deterioro sistémico, comparable a un problema de higiene y salud financiera. Desde una mirada personal, el acceso a este mercado informal puede darse tanto por decisión consciente como por desconocimiento de los riesgos que implica. En este sentido, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) han mantenido una labor constante de alerta frente a entidades sospechosas. Sin embargo, existe un circuito paralelo que opera fuera del radar institucional, difícil de rastrear, pero probablemente conocido por las comunidades.
¿Son estas las únicas razones que explican el fenómeno? No necesariamente. Muchas personas se ven excluidas del sistema formal por la falta de acceso rápido a recursos, por requerir montos superiores a los que se les ofrecen, por tener antecedentes comerciales negativos, por solicitar créditos por debajo de los mínimos exigidos, por no contar con ingresos líquidos suficientes, por tener un bajo nivel de educación financiera, o por no comprender adecuadamente el funcionamiento de las entidades financieras y su rol en el financiamiento.
La informalidad, además, suele implicar condiciones abusivas que se manifiestan en tasas de interés elevadas, reglas poco claras, exigencias desproporcionadas, métodos de cobranza agresivos, procesos de renegociación opacos y prácticas coercitivas en caso de impago. A esto se suma el impacto emocional y mental que enfrentan quienes se ven atrapados en estas dinámicas.
Romper con la dependencia del crédito informal es un desafío urgente, especialmente en contextos de vulnerabilidad social. Se requiere generar espacios formales que ofrezcan acceso justo al financiamiento. Aunque existen alternativas como la Tía Rica, su alcance es limitado. El problema revela un vacío institucional que exige colaboración multisectorial. Es clave crear soluciones pertinentes que protejan a las personas y eviten que profundicen su fragilidad económica.